Los diputados de la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento retomaron el debate del Proyecto de Ley de Entrevistas Videograbadas con una sesión en la que estuvo presente Fundación Amparo y Justicia.

El Coordinador Legal de la institución, el abogado Diego Izquierdo, concurrió a la instancia y realizó una exposición orientada, principalmente, a responder dudas planteadas por los parlamentarios en los encuentros anteriores. También asistieron la jueza del Segundo Tribunal Oral en lo Penal, Nora Rosati; la Gerenta General de la División de Atención a Víctimas y Testigos, Patricia Muñoz; el abogado del Departamento de estudios de la Defensoría Penal Pública, Francisco Geisse, y representantes del Centro Democracia y Comunidad.

Uno de los temas centrales de la sesión fue el intercambio de ideas en torno a la figura del entrevistador especializado, persona que de acuerdo a la propuesta legislativa debe estar a cargo de interactuar con el niño, niña o adolescente víctima de un delito sexual, contando con una formación específica y estando sometido a capacitación permanente. Al respecto, Izquierdo destacó que “es necesario que exista un proceso de formación continua que permita asegurar las habilidades de los entrevistadores en el tiempo, así como corregir eventuales falencias y poder perfeccionar y profundizar en ciertos aspectos específicos de la técnica”.

Agregó que “la experiencia internacional así lo señala, la profesión del entrevistador es irrelevante en cuanto lo que realmente importa es que exista una formación especializada que sea apropiada. Muchos países llevan tiempo desarrollando esta técnica, donde hay policías desarrollando entrevistas, asistentes sociales”, acotó. Izquierdo destacó, además, que las instituciones a las que pertenezcan los entrevistadores estarán obligadas de proveer al sistema personas idóneas “en lo que se refiere a experiencia, conocimientos y voluntariedad”.

Los diputados se volverán a reunir el próximo 18 de abril para continuar con el estudio del Proyecto de Ley de Entrevistas Videograbadas, iniciativa que se encuentra en su segundo trámite constitucional y cuya idea de legislar fue aprobada unánimemente por la comisión el pasado 22 de marzo.