Con la presencia de representantes de distintos poderes del Estado, instituciones ligadas al proceso penal y de profesionales de Fundación Amparo y Justicia, la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado retomó el análisis del Proyecto de Ley de Entrevistas Videograbadas.
La reactivación del debate ocurre tras una pausa que se prolongó durante más de un año y luego que el Poder Ejecutivo enviara al Congreso, a comienzos de agosto, indicaciones que buscan perfeccionar la iniciativa.
La sesión en la que se volvió a discutir la propuesta se desarrolló en la sala n°10 del Senado, en Valparaíso, y fue encabezada por el presidente del comité de la Cámara Alta, senador Pedro Araya. En ella estuvieron presentes también: el Fiscal Nacional, Jorge Abbott; el Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch; la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, Estela Ortiz; el Jefe Nacional de Delitos contra la Familia de la Policía de Investigaciones, Prefecto Víctor Nakada; La Jefa de la Zonafam de Carabineros, General Marcia Raimann; la Gerente General de Fundación Amparo y Justicia, Paulina Leiva; además de asesores del Ministerio de Justicia y de la Defensoría Penal Pública.
Las autoridades presentes coincidieron en destacar la importancia de que el Proyecto continúe avanzando en el Congreso. También concordaron en la necesidad de que se cuente con recursos para su implementación y en la relevancia de capacitar a las personas que realizarán las Entrevistas Videograbadas, dada la especialización que requieren para ejecutar dicha tarea.
Por su parte, la Gerente General de Fundación Amparo y Justicia, Paulina Leiva, precisó que las indicaciones enviadas por el Ejecutivo “presentan una mejora sustantiva en diferentes aspectos” para el proyecto de ley. Del mismo modo, destacó que la existencia de salas especiales para la toma de declaraciones, ubicadas en diversos puntos de Chile, dejan en claro que esto ya no constituye una barrera presupuestaria, ante lo cual hay que avanzar en temas de fondo, como es garantizar el entrenamiento de los entrevistadores y una adecuada coordinación interinstitucional para una óptima puesta en marcha de la normativa cuando sea ley.