Para celebrar la puesta en marcha de la ley, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, encabezó una ceremonia en el auditorio del Ministerio Público de la Región del Maule, junto al Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito; al Fiscal Nacional, Jorge Abbott; al general director de Carabineros, Mario Rozas; el director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa y el presidente de Amparo y Justicia, Ramón Suárez.

Las regiones en donde la ley comienza a regir desde hoy son Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena, además del Maule.

La segunda etapa de la ley, en tanto, comenzará el próximo 3 de octubre del 2020, en las regiones de Atacama, Coquimbo, Biobío, Ñuble, Araucanía y Los Ríos; mientras que la tercera etapa está prevista a contar del 3 de octubre del 2021 en las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Los Lagos y Metropolitana.

“Cuando se produce un ataque sexual contra un niño, niña o adolescente, en los procesos judiciales anteriores a esta ley, la víctima debía entregar múltiples testimonios a la justicia, provocándose un grave daño producto de la revictimización que supone recordar los hechos una y otra vez. Pero ahora, con la Entrevista Videograbada, el sistema da un paso adelante en el sentido de que se reduce el número de testimonios al mínimo, y estos son realizados en lugares adecuados, con gente especializada para realizar la diligencia, debidamente acreditada”, explicó el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.

El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, indicó que “esta nueva normativa para el Ministerio Público es un gran avance, ya que va a evitar situaciones que hemos conocido históricamente, donde los niños, niñas y adolescentes se ven victimizados una y otra vez al tomárseles diversas declaraciones en el proceso judicial, por diferentes agentes del Estado y también por particulares, como son los miembros del sistema de salud o educación. Esta normativa, dicho de otro modo, viene a cumplir de mejor manera con las obligaciones del Estado de proteger a los menores de edad”.

Así, al día de la puesta en marcha, el sistema cuenta con 69 entrevistadores acreditados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pertenecientes a todas las instituciones involucradas, y se encuentran habilitadas un total de 57 salas distribuidas en las seis regiones de la primera fase de implementación.

El general director de Carabineros, Mario Rozas, afirmó que “he dispuesto de una reformulación de la Dirección de Prevención y Protección de la Familia, en el sentido de que estas materias tengan un alcance relevante, por lo tanto estamos muy comprometidos con la implementación de esta ley”.

Por su parte, el director de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, agregó que “la PDI fue pionera en Latinoamérica al implementar el primer Centro de Entrevista Investigativa Videograbada, con lo cual nos adelantamos a la implementación de la Ley, lo que nos permite al día de hoy contar con 3 instructores y 29 entrevistadores en una primera etapa”.

En tanto, Ramón Suárez, director de la Fundación, señaló que “expertos nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil, universidades, la campaña “No Me Pregunten Más”, medios de comunicación y representantes de todos los poderes del Estado: Ministerio Público, Poder Judicial y las policías, aportaron su experiencia y conocimiento y lograron situar a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho en los procesos investigativos y judiciales.

Desde hace 20 años, el quehacer fundamental de Amparo y Justicia se ha centrado en la defensa de niños que han sido víctimas de los más severos abusos y de los más brutales crímenes, participando y viviendo una realidad que sofoca y un dolor que se comparte. Surgió como inevitable la necesidad de desplegar todos los medios y esfuerzos necesarios, para transmitir la urgencia y la necesidad de corregir aquello que genera tanto dolor, como es un niño siendo victimizado nuevamente.

Nuestra realidad prendió con rapidez en todos y cada uno de los organismos con quienes nos comunicamos y, desde entonces, ha existido un quehacer conjunto que concluyó con la dictación de esta Ley.

Transformamos esta esperanza en una realidad.  La ilusión de los niños y sus familias no puede morir ni desviarse y para eso estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos en la medida de todas nuestras posibilidades”.